Vuelta a la guerra
En noviembre de 2020 se rompió el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario que se había mantenido durante 29 años, tras una larga y cruenta guerra que dejó al pueblo saharaui dividido entre la ocupación y el exilio. El nuevo escenario de guerra e incertidumbre se suma al hartazgo y el desgaste por el abandono y la falta de implicación por parte de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución.
La antigua provincia y colonia española del Sahara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización según establece Naciones Unidas, arrastra con Marruecos un largo conflicto de casi medio siglo para el que ahora, con la vuelta a las armas, se ve aún más lejos poder encontrar una salida digna que asegure la libre determinación del Pueblo Saharaui.
El 18 de marzo, Marruecos hacía pública una carta enviada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sanchez, en la que respalda la propuesta de autonomía de Marruecos planteándolo como la única solución creíble al conflicto, lo que supone cortar de raíz toda opción a la realización del referéndum de autodeterminación que Naciones Unidas estableció en 1991 como la única vía para garantizar una solución justa para el Pueblo saharaui.
En las raíces del conflicto está el afán de Marruecos por hacerse con los abundantes recursos naturales del Sahara Occidental, que el Reino Alauita explota y comercializa como propios, a la vez que pone el suelo saharaui a disposición de empresas transnacionales. Los beneficios, sin embargo, no revierten en el Sahara Occidental ni en la población saharaui.
El recientemente nombrado Enviado Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el Sahara, el diplomático italo-sueco Staffan De Mistura, visitó la zona en enero de 2022, entrevistándose con las partes en conflicto, además de con los países vecinos, Argelia y Mauritania. Sin embargo, al igual que ocurrió con sus antecesores, no ha habido éxito a la hora de encontrar una solución que respete la legalidad internacional. Por su parte, la misión establecida por Naciones Unidas en 1991 para ayudar a preparar el referéndum de autodeterminación, la MINURSO, continúa renovando su mandato anual sin que el referéndum haya podido celebrarse hasta hoy. Tampoco se ha logrado que la MINURSO incluya en su mandato la observación de los derechos humanos, aspecto que sí contemplan las misiones de Naciones Unidas en otros conflictos y que permitiría a la población saharaui disponer de un instrumento de protección siquiera formal.
Lo que comenzó siendo una guerra de baja intensidad, en la zona del muro que separa la zona liberada de la ocupada, se ha ido extendiendo y creciendo en intensidad. Se han producido ataques con drones por parte de Marruecos a servicios estratégicos como camiones de abastecimiento de agua, así como en las zonas urbanas y vías de tránsito hacia Mauritania por las que circulan comerciantes de los países vecinos, con el resultado de al menos 20 víctimas civiles. Muchas familias que en los últimos años se habían establecido en las zonas liberadas se han visto obligadas a desplazarse y otras muchas han retornado a los campamentos de población refugiada saharaui situados en Tinduf, Argelia.
